INSUMISION
UN EJEMPLO A SEGUIR DE LA LUCHA EN ESPAÑA, TODA LATINOAMERICA INSUMISA
El antecedente inmediato de la insumisión fue el movimiento de objetores de conciencia, iniciado en los últimos años del franquismo. Dicho movimiento pretendía el reconocimiento legal del derecho a no realizar el servicio militar (la "mili" en el lenguaje coloquial) por motivos de conciencia. Los objetores se negaban por tanto a hacer el servicio militar y eran procesados por ello, y en muchos casos acababan en prisiones militares. A finales de los 80 se promulgó una ley que reconocía el derecho a la objeción de conciencia, estableciendo una prestación social sustitutoria (PSS) de 18 meses como alternativa al servicio militar obligatorio. Los objetores procesados fueron entonces amnistiados y quedaron libres de sus obligaciones militares. Un puñado de ellos, sin embargo, considerando que la mayor duración de la PSS penalizaba a los objetores, que se trataba de un trabajo esclavo que eliminaba puestos de trabajo remunerados y que el objetivo debía ser la desaparición total del servicio militar, renunció a la amnistía y volvió a quedar en disposición de ser llamado a filas.
Cuando el ejército quiso volver a reclutarlos, los llamados "insumisos" se negaron tanto a incorporarse a filas como a acogerse a la objeción de conciencia. Al hacerlo incurrían en un delito y volvían a ser procesados, pero la existencia de una opinión pública mayoritariamente desfavorable al servicio militar obligatorio hacía que los procesos judiciales, sobre todo cuando incluían paso por la cárcel, tuvieran bastante coste político para el gobierno.
La negativa a hacer el servicio militar estaba penada por el código penal militar y formaba parte de la jurisdicción del ejército, siendo la pena mínima para ese delito la de un año de prisión. La negativa a realizar la PSS estaba penada por el código penal ordinario con dos años, cuatro meses y un día de prisión.
En los años siguientes aumentó exponencialmente el número de jóvenes que se negaban a incorporarse a filas o bien que, una vez reconocidos como objetores de conciencia, rehusaban hacer la PSS. Si la represión contra los insumisos era complicada dado el amplio apoyo social con el que contaban, era aún más difícil cuando debía realizarla la justicia militar, ya que los tribunales militares eran presentados por los antimilitaristas como "juez y parte" y los procesados no habían llegado a formar parte del ejército, con lo cual seguían siendo civiles: el paso de civiles por tribunales y cárceles militares evocaba demasiado la época de Franco. Así pues, el ejército solicitó al gobierno que le liberara de las tareas de represión de la insumisión, lo cual se llevó a cabo haciendo que los insumisos a la mili fueran juzgados por tribunales ordinarios. Al principio aplicando el código militar y más tarde un código penal reformado que incluía el delito de negativa a hacer el servicio militar, con una pena aumentada para equipararla a la que se aplicaba a los insumisos a la PSS.
La insumisión fue un movimiento asambleario y descentralizado, que no logró ser capitalizado por ninguna formación política. En las principales ciudades existían asambleas de insumisos y en torno a éstos se formaban grupos de apoyo que se coordinaban entre sí en diferentes foros antimilitaristas. Los grupos más importantes fueron el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), cercano a los planteamientos de la no violencia, y una constelación de colectivos llamados genéricamente Mili KK, más vinculados a la izquierda extraparlamentaria, aunque las líneas de división nunca fueron netas. Aparecieron también numerosos colectivos, revistas, iconografía y música antimilitares. En vísperas de la desaparición del servicio militar el número de insumisos superaba la decena de miles.
El antecedente inmediato de la insumisión fue el movimiento de objetores de conciencia, iniciado en los últimos años del franquismo. Dicho movimiento pretendía el reconocimiento legal del derecho a no realizar el servicio militar (la "mili" en el lenguaje coloquial) por motivos de conciencia. Los objetores se negaban por tanto a hacer el servicio militar y eran procesados por ello, y en muchos casos acababan en prisiones militares. A finales de los 80 se promulgó una ley que reconocía el derecho a la objeción de conciencia, estableciendo una prestación social sustitutoria (PSS) de 18 meses como alternativa al servicio militar obligatorio. Los objetores procesados fueron entonces amnistiados y quedaron libres de sus obligaciones militares. Un puñado de ellos, sin embargo, considerando que la mayor duración de la PSS penalizaba a los objetores, que se trataba de un trabajo esclavo que eliminaba puestos de trabajo remunerados y que el objetivo debía ser la desaparición total del servicio militar, renunció a la amnistía y volvió a quedar en disposición de ser llamado a filas.
Cuando el ejército quiso volver a reclutarlos, los llamados "insumisos" se negaron tanto a incorporarse a filas como a acogerse a la objeción de conciencia. Al hacerlo incurrían en un delito y volvían a ser procesados, pero la existencia de una opinión pública mayoritariamente desfavorable al servicio militar obligatorio hacía que los procesos judiciales, sobre todo cuando incluían paso por la cárcel, tuvieran bastante coste político para el gobierno.
La negativa a hacer el servicio militar estaba penada por el código penal militar y formaba parte de la jurisdicción del ejército, siendo la pena mínima para ese delito la de un año de prisión. La negativa a realizar la PSS estaba penada por el código penal ordinario con dos años, cuatro meses y un día de prisión.
En los años siguientes aumentó exponencialmente el número de jóvenes que se negaban a incorporarse a filas o bien que, una vez reconocidos como objetores de conciencia, rehusaban hacer la PSS. Si la represión contra los insumisos era complicada dado el amplio apoyo social con el que contaban, era aún más difícil cuando debía realizarla la justicia militar, ya que los tribunales militares eran presentados por los antimilitaristas como "juez y parte" y los procesados no habían llegado a formar parte del ejército, con lo cual seguían siendo civiles: el paso de civiles por tribunales y cárceles militares evocaba demasiado la época de Franco. Así pues, el ejército solicitó al gobierno que le liberara de las tareas de represión de la insumisión, lo cual se llevó a cabo haciendo que los insumisos a la mili fueran juzgados por tribunales ordinarios. Al principio aplicando el código militar y más tarde un código penal reformado que incluía el delito de negativa a hacer el servicio militar, con una pena aumentada para equipararla a la que se aplicaba a los insumisos a la PSS.
La insumisión fue un movimiento asambleario y descentralizado, que no logró ser capitalizado por ninguna formación política. En las principales ciudades existían asambleas de insumisos y en torno a éstos se formaban grupos de apoyo que se coordinaban entre sí en diferentes foros antimilitaristas. Los grupos más importantes fueron el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), cercano a los planteamientos de la no violencia, y una constelación de colectivos llamados genéricamente Mili KK, más vinculados a la izquierda extraparlamentaria, aunque las líneas de división nunca fueron netas. Aparecieron también numerosos colectivos, revistas, iconografía y música antimilitares. En vísperas de la desaparición del servicio militar el número de insumisos superaba la decena de miles.
posted by SURCULTURA at 7:42 PM
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